El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó el domingo un polémico decreto con reformas económicas que generó una importante alza a los precios de los combustibles y anunció junto con líderes indígenas la suspensión de las protestas que virtualmente paralizaron a buena parte del país durante 10 días.
La decisión, adoptada tras una mesa de diálogo entre el mandatario y líderes indígenas, también dispone la instalación inmediata de una comisión de ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal.
“Hemos tenido un acuerdo, que como bien se ha manifestado de lado y lado ha significado sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo”, dijo Moreno. “No significa ganarlo todo”.
El convenio se logró con el apoyo y la mediación de las Naciones Unidas, la iglesia católica y rectores de universidades estatales y privadas.
El decreto se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, especialmente indígenas, lograron echar abajo la decisión que, según el gobierno, buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit.
“Creo que ha sido importante este acercamiento, hace tiempo queríamos conversar de estos procesos, quisiéramos también de corazón y decir que los pueblos y nacionales nos hemos levantado en busca de la libertad”, dijo el máximo dirigente indígena, Jaime Vargas.
Horas antes de este anuncio, decenas de uniformados ingresaron al parque El Arbolito, precedidos de nubes de gases lacrimógenos y comenzaron a ahuyentar a cientos de manifestantes. Una hora más tarde cumplieron su cometido expulsándolos hacia un sector cercano.
Las protestas sociales empezaron poco después de que Moreno decretara a inicios de octubre un duro paquete económico, aunque lo que más enardeció a la población fue el incremento del precio de la gasolina de $1.85 a $2.30 por galón y del diésel, de $1.03 a $2.30.
Las manifestaciones adquirieron el sábado una violencia inusitada con escenas de saqueos y actos vandálicos en la capital propiciadas por bandas de encapuchados que quemaron la Contraloría y atacaron un canal de televisión y un diario. Esos grupos sometieron a la capital a bloqueos y desmanes y a otras escenas de terror.
Para controlar tales actos, el gobierno decretó estado de excepción y un toque de queda, y desplegó militares a las calles para el cumplimiento de tales disposiciones, que impidió el libre tránsito. El domingo se hizo una pausa de nueve horas a la restricción de movilidad.
La Defensoría del Pueblo informó que por las manifestaciones han muerto siete personas, hay 1,340 heridos y 1,152 detenidos.
Los manifestantes no sólo se han concentrado en las ciudades para evidenciar su inconformidad, sino que, principalmente indígenas de la Amazonía, impidieron la producción de petróleo, la principal exportación del país.
Antes de las jornadas de protesta, los pozos de la Amazonía producían unos 430,000 barriles de petróleo, pero la producción ha caído a 176,029 barriles, según cifras entregadas el sábado por una fuente de Petroamazonas, que pidió el anonimato porque no está autorizado a dar esos datos. Eso significa pérdidas por casi $14 millones diarios.
Moreno responsabilizó de la violencia a grupos de narcotraficantes, al presidente venezolano Nicolás Maduro y a seguidores del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), algunos de cuyos más altos colaboradores están acusados y procesados por hechos de corrupción con fondos públicos.
Con las decisiones económicas, Moreno buscaba hacer frente a una complicada situación derivada de una abultada deuda de $64,000 millones y un recurrente déficit anual de $10,000 millones.
Entre las medidas también están: aumentar impuestos, flexibilizar leyes laborales y recortar el gasto público para generar ahorro fiscal y obtener más de $4,000 millones de dólares en financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional.
Los pobladores indígenas de Ecuador, destrozados por la pobreza y desatendidos por los programas gubernamentales, estaban furiosos. Durante la semana, miles de shuar, saraguro, quechua y otras etnias indígenas llegaron a Quito desde lo más profundo de la Amazonía y los Andes ecuatorianos.
A pesar de la difícil situación, Moreno ha dicho que no cederá en el tema de los combustibles. El país está en bancarrota y ceder ante los manifestantes sería una derrota en el esfuerzo del presidente por revertir las políticas de Correa, su predecesor y mentor.
