Texas

Entró en efecto ley que endurece penas por transporte de indocumentados con fines criminales

Esta misma ley sanciona con mayor fortaleza a aquellas personas que sean descubiertas manejando una casa de escondite de inmigrantes.

Telemundo

La SB4 penaliza con cárcel el transporte de personas sin documentos

  • El video de la historia corresponde al momento en que la ley fue tramitada en la legislatura de Texas.

HOUSTON - A partir de este martes 6 de febrero, las personas que sean halladas transportando inmigrantes indocumentados en Texas con propósitos ilegales o quienes los tengan en casas de escondite serán severamente castigados.

Esto, porque entra en vigor la ley SB4, la cual fue aprobada por la legislatura de Texas en octubre del año pasado y firmada por el gobernador Greg Abbott el 21 de noviembre del 2023.

La ley SB 4 incrementa las sanciones mínimas por tráfico humano hasta 10 años y establece un mínimo de cinco años en la cárcel para quien opere una casa de escondite de inmigrantes.

En el caso de transporte con fines de tráfico humano, la pena llega a ese nivel si se determina que las personas retenidas corren serio riesgo de lesiones o, incluso, la muerte o si es un menor de 18 años.

La iniciativa, en su momento, fue apoyada por 92 legisladores estatales y rechazada por otros 54.

El proyecto de ley daría autoridad para declarar emergencia y cerrar la frontera.

Aunque la iniciativa fue impulsada mayoritariamente por legisladores republicanos, contó con el apoyo de algunos demócratas como Eddie Morales, César Blanco y Richard Raymond, entre otros.

Esta ley hace parte de un grupo de iniciativas impulsadas por el gobernador Abbott para que lo que él llama detener la invasión a Texas.

Texas también aprobó otra ley que permite a agentes locales y estatales arrestar a las personas que crucen ilegalmente la frontera desde México y la cual se espera se haga efectiva el próximo mes de marzo.

Se espera que con la entrada en vigor de la nueva ley, se activen las demandas en su contra, lo que pone en entredicho si la norma se implementará o no.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración negó la residencia a un salvadoreño que está casado con una ciudadana porque tiene tatuajes que supuestamente le vinculan a una pandilla, según sus abogados. La pareja demandó al gobierno y su caso será resuelto en la Corte Suprema.
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