HOUSTON - A partir de este viernes 1 de noviembre, los hospitales de Texas están obligados a recolectar información relacionada con el estatus migratorio de los pacientes que los visitan con el fin de cumplir un decreto emitido el pasado mes de agosto por el gobernador Greg Abbott.
Los hospitales de Texas deberán presentar a la Comisión de Salud y Servicios Humanos información sobre los costos de los servicios prestados a personas sin documentación legal en el país.
“Los tejanos no deben llevar la carga financiera que implica darle servicios de salud a inmigrantes indocumentados”, dijo Abbott en la justificación de su decreto firmado en los primeros días de agosto.
No está claro cuál es el objetivo de la administración de Abbott al recaudar esta información si lo que pretende es pasar los costos de los servicios médicos ofrecidos en Texas a personas con estatus irregular al sistema federal.
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Sin embargo, muchos temen que al tener que revelarse esta información personal se pueda poner en riesgo a estas personas ante eventuales redadas de inmigración.
De acuerdo con Abbott, “la administración Biden-Harris debe ser responsabilizada por las consecuencias de sus políticas de fronteras abiertas”.
La información sobre los gastos en que incurran los inmigrantes sin estatus deberá ser reportada cada tres meses a la Comisión de Salud y Servicios Humanos. El primer informe deberá ser entregado en el primer trimestre del 2025.
Según Abbott, estos reportes no van en detrimento de la prestación del servicio de salud y así se les debe informar a los pacientes, según el decreto.
Esta medida afecta a toda institución médica que reciba fondos del Medicaid o del Children´s Health Insurance Program, conocido como CHIP, y que beneficia a niños provenientes de familias de bajos recursos.
Además, se solicita que anualmente se informe al gobernador, vicegobernador y al presidente de la cámara de la legislatura de Texas sobre estos costos.
De acuerdo con el abogado Joseph Malouf, la medida será demanda ante los tribunales de justicia, los cuales deberán decidir si es constitucional o no. Según él, ningún paciente está obligado a entregar tipo alguno de información sobre su estatus migratorio.
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