HOUSTON – Este lunes se iniciò formalmente la etapa de juzgamiento de los dueños y algunos empleados de la reconocida tortilleria de Houston La Espiga de Oro.
Alfredo Sosa Lyra, Lyida Botello, Lydia Lira y Roberto Guerra comparecieron este lunes ante una jueza de la Corte Federal para el Sureste de Texas con el fin de responder por los cargos de conspiración para albergar y contratar a inmigrantes indocumentados que se les imputan.
La jueza permitió a los propietarios renunciar a sus derechos de la audiencia preliminar. Además, los abogados de los acusados pidieron más tiempo para recopilar la evidencia, ya que sólo llevan dos semanas con el caso. Se contempla que durante el juicio varios ex empleados testifiquen en contra de sus antiguos jefes.
Tal y como lo reveló TELEMUNDO HOUSTON el pasado viernes, las investigaciones contra los implicados empezaron desde julio de 2011.
La Espiga de Oro es una de las tortillerías más reconocidas en el área de Houston y su caso trascendió debido al operativo realizado a principios de agosto de 2015 cuando decenas de agentes de inmigración (ICE por sus siglas en inglés) se tomaron sus instalaciones y arrestaron a más de una docena de personas.
De acuerdo con el “indictment” conocido en su totalidad por TELEMUNDO HOUSTON, agentes federales tenían información de las presuntas prácticas ilegales de la administración de la tortillería para contratar personal desde el año 2008.
Sin embargo, fue desde julio del 2011 con la ayuda de informantes, que la División de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), que las autoridades empezaron a consolidar un caso criminal.
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Según la acusación, los investigadores lograron infiltrar la tortillería en julio de ese año a través de una persona que se hizo pasar como inmigrante sin documentos que buscaba trabajo.
En esa oportunidad Lydia Botello, codueña del lugar, le dijo a esta persona que al no tener documentos legales para trabajar debía adquirir “un id falso en un pulguero”, según reza la acusación ante la Corte Federal.
Tras grabar varias de las conversaciones con Botello, obtener el trabajo y presentar una tarjeta de seguro social falso, la mujer renunció una semana después.
En una de las reuniones en la que la informante participó se discutió la lesión sufrida por una empleada sin documentos que le causó la pérdida de tres dedos de una de sus manos, por lo cual le pagaron una indemnización de $30,000.
Tras obtener esta y otra evidencia durante varios años, los investigadores decidieron realizar un allanamiento a las instalaciones de la tortillería en el cual detuvieron a 10 personas y se llevaron un jugoso archivo con documentos de la compañía.
Tras el operativo, tanto Sosa como su esposa y su hija reconocieron voluntariamente que entre el 50 y el 75% de los empleados que trabajan en la tortillería eran empleados sin autorización legal para trabajar.
Lo mismo hizo Guerra, quien dijo que más del 50% eran empleados sin documentos.
En una declaración voluntaria Sosa dijo a los investigadores que la contratación de personas sin documentos legales se debía a la dificultad para conseguir empleados con documentos que quisieran trabajar en la fábrica de tortillas.
Cabe destacar que la tortillería funciona las 24 horas del día.
Según la acusación, durante las inspecciones se encontraron que 65, de los cerca de 100 empleados en total, no tenían documentos o algún tipo de identificación “sospechosa”.
Las cuatro personas fueron arrestadas el pasado martes 26 de enero y puestos en libertad un día después tras pagar una fianza de $25,000.
