El desmantelamiento 30 salas de juego ilegales, sería una de las más grandes redadas de lavado de dinero y apuestas ilegales en Texas. Jessica Guerrero con el reportaje.
HOUSTON - Un fuerte operativo de seguridad, en el que participaron varias agencias del orden a nivel local, estatal y federal, mantuvo en vilo a varias comunidades del área de Houston y sus alrededores.
En el operativo, denominado “Operación Double Down”, varias personas fueron arrestadas por diversos cargos, incluyendo conspiración, operación de salas de juego ilegales, soborno y lavado de dinero.
Además de los acusados en la conspiración, las autoridades arrestaron a 31 extranjeros en situación irregular por diversos delitos relacionados con inmigración y armas durante la operación de este jueves. Entre ellos se encuentra un individuo que presuntamente agredió a un oficial de la ley mientras se llevaban a cabo los arrestos.
La investigación de las autoridades reveló que un hombre identificado como Nizar Ali, de 61 años, junto con otros cómplices, conspiró para ser propietario, operar o ayudar en la gestión clandestina de salas de juego ilegales.
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Asimismo, se les acusa de realizar transacciones financieras para ocultar y disfrazar el origen y la naturaleza del dinero generado por el negocio de apuestas ilegales, el cual ascendió a más de 20 millones de dólares, según detalla la investigación.
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En este operativo participaron más de 18 agencias del orden, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las cuales ejecutaron más de 40 órdenes de arresto e incautación. Entre los lugares allanados, los agentes irrumpieron en 30 salas de juego, incluyendo “El Portal”, en el sureste de Houston, y el “Yellow Building”.
Entre los arrestados hay nueve hispanos: Sarfarez Maredia, de 38 años, y Shoaib Maredia, de 40 años, ambos de Sugar Land; Yolanda Figueroa, de 40 años, de Pasadena; Viviana Alvarado, de 45 años, de La Porte; Anabel Eloisa Guevara, de 46 años; Precela Solís, de 27 años; María Delarosa, de 53 años; Claudia Calderón, de 37 años, y Lucía Hernández, de 34 años, todas de Houston.
Otros dos acusados, Sayed Ali, de 59 años, de Richmond, y Stephanie Huerta, de 35 años, de Houston, son considerados fugitivos y existen órdenes pendientes para su arresto.
Todos los arrestados enfrentan cargos por conspiración, operación de un negocio de juego ilegal y viaje interestatal con el propósito de apoyar el crimen organizado, delitos que conllevan penas de hasta cinco años de prisión cada uno.
También se les acusa de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El panorama común alrededor de estas escenas eran personas buscando a sus familiares, quienes aparentemente habían sido detenidos y no tenían información sobre su paradero.
Al momento de ejecutar los arrestos, la fiscalía federal del distrito occidental de Texas no dio declaraciones, tampoco lo hizo el FBI. Sin embargo, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respondió que, por razones de seguridad operativa, no podía hacer comentarios. Este jueves, las autoridades detallaron cómo se llevó a cabo el operativo denominado “Operación Double Down” durante una conferencia de prensa.
COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL CONDADO HARRIS
Mientras tanto, el Distrito Policial Uno del Condado Harris había informado que asistió en el operativo realizado en al menos 12 salas de juego.
También la Oficina del Alguacil del Distrito Uno del Condado Harris, Mark Herman, logró desmantelar con éxito un establecimiento de juegos de azar ilegales ubicado en la cuadra 6300 de Fallbrook Drive, en el noreste de la ciudad.
Como resultado de este allanamiento, Meayeath Kang, de 46 años, fue puesta bajo arresto y enfrenta cargos por “Administración de un Establecimiento de Juegos de Azar”, un delito menor, según las leyes del estado de Texas.
El Alguacil Adjunto Herman destacó que estos establecimientos ilícitos no solo violan la ley estatal, sino que también atraen actividades criminales adicionales que comprometen la seguridad comunitaria. Según señaló, las ganancias generadas suelen financiar empresas delictivas de mayor envergadura.
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