HOUSTON - Los residentes del complejo de apartamentos en Spring Branch, varias familias hispanas han alzado su voz contra lo que describen como prácticas abusivas y potencialmente ilegales por parte de la administración y una empresa de servicios de agua.
Los afectados, quienes compartieron su situación en exclusiva con Telemundo, relatan que a pesar de tener contratos que estipulan un pago mensual fijo de $80 por el servicio de agua, han comenzado a recibir facturas exorbitantes que oscilan entre los $400 y $900.
Esta situación ha generado gran preocupación entre los residentes, muchos de los cuales han vivido en el complejo por cerca de cinco años sin enfrentar problemas similares hasta ahora.
La situación se complica aún más cuando los residentes buscan respuestas. Según sus testimonios, la administración del complejo los remite a una empresa externa encargada de los cobros, mientras que esta última los devuelve a la administración, creando un círculo vicioso de responsabilidades evadidas.
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Pero el problema no termina ahí. Los residentes denuncian haber recibido notas amenazantes en sus puertas, dándoles un plazo de 24 horas para pagar las facturas bajo la amenaza de colocar cerraduras en sus puertas, impidiéndoles el acceso a sus hogares.
La abogada Silvia Mintz, consultada sobre el caso y no relacionada a este, calificó estas acciones como "una evicción ilegal" penada por la ley. "El código de propiedad dice que el dueño de la propiedad no puede cerrar las puertas, simplemente así", explicó Mintz.
La letrada aconseja a los afectados mantener todos los registros, incluyendo facturas y contratos, y abstenerse de firmar documentos que no entiendan completamente, especialmente si están en inglés. Además, sugiere presentar quejas ante el procurador general y la oficina de protección al consumidor, así como contactar al departamento federal de vivienda.
"Lo más importante es mantener récords, que no tiren las facturas ni su contrato y por supuesto que no firmen nada que no entienden", enfatizó Mintz, añadiendo que los residentes deben proteger sus derechos independientemente de su estatus migratorio.
Se recomienda a los afectados notificar por escrito a la compañía su desacuerdo con los cargos, señalando la violación del contrato que estipula un cobro de $80.
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