HOUSTON — Cientos de niños y adolescentes inmigrantes han estado detenidos en condiciones de hacinamiento en una instalación de tiendas de campaña de la Patrulla Fronteriza, donde algunos duermen en el piso porque no hay suficientes colchonetas, de acuerdo con abogados de organizaciones sin fines de lucro que supervisan centros de reclusión de inmigrantes.
Los abogados entrevistaron el jueves a más de una docena de niños en Donna, Texas, donde la Patrulla Fronteriza tiene detenidas a más de 1,000 personas. Algunos jóvenes dijeron a los abogados que habían estado en dichas instalaciones por una semana o más a pesar del límite de detención de tres días que tiene la agencia para el caso de menores. Muchos dijeron que no se les ha permitido llamar por teléfono a sus padres ni a otros parientes que podrían estar preguntándose dónde se encuentran.
A pesar de las preocupaciones por el coronavirus, los menores son mantenidos a una distancia tan estrecha que pueden tocar a quien esté a su lado, dijeron los abogados. Algunos tienen que esperar cinco días o más para bañarse, y no siempre hay jabón disponible, sólo shampoo, añadieron.
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El gobierno del presidente Joe Biden negó a los abogados el acceso a la instalación de tiendas de campaña. Durante el gobierno del expresidente Donald Trump, las visitas de abogados a estaciones de la Patrulla Fronteriza sacaron a la luz problemas graves, como el encierro de docenas de niños en una estación rural sin suministro adecuado de alimentos, agua y jabón.
“Es bastante sorprendente que el gobierno hable de la importancia de la transparencia y luego no permita a los abogados de los menores ver dónde se están quedando”, dijo una abogada, Leecia Welch, del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud. “Me parece muy decepcionante”.
Aunque ninguno de los menores informó de situaciones tan severas como las que existían durante el gobierno de Trump, Welch dijo que los abogados “no pudimos verlo por nosotros mismos, así que sólo reconstruimos lo que contaron”.
Un acuerdo judicial de 1997, conocido como el acuerdo Flores, estableció las normas para la detención de niños inmigrantes por parte del gobierno. De conformidad con ese acuerdo, los abogados tienen derecho a supervisar la detención de los menores.
El Departamento de Justicia declinó el jueves hacer declaraciones sobre el motivo por el que se negó el acceso a los abogados. El gobierno de Biden no ha respondido a diversas solicitudes de The Associated Press para que le permita ingresar en la instalación.
Las cifras gubernamentales muestran una crisis creciente debido a la detención de centenares de niños que cruzan a diario la frontera. Actualmente la Patrulla Fronteriza tiene la cifra histórica de más de 3,000 menores detenidos, según cifras oficiales obtenidas por la AP. Ese número sube casi a diario.
Un número mayor de niños permanecen más tiempo del establecido bajo custodia de la Patrulla Fronteriza porque las instalaciones de largo plazo a cargo del Departamento de salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) están prácticamente llenas. Centenares de niños son capturados a diario a un ritmo que rebasa por mucho el de entrega a parientes o patrocinadores. El HHS tarda en promedio 37 días para entregar a un menor.
Biden ha puesto fin a la práctica del gobierno de Trump de expulsar a los niños inmigrantes que cruzan solos la frontera, pero mantiene la deportación de familias de inmigrantes y adultos solos. Aunque su gobierno ha intentado disuadir el ingreso de inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos consideran que ahora tienen más oportunidades. También han aumentado los reportes sobre padres que envían a sus hijos a que crucen solos la frontera mientras ellos permanecen en México o en América Central.
La mayoría de las estaciones de la Patrulla Fronteriza fueron diseñadas para una reclusión breve de adultos, con celdas frías de concreto e iluminación siempre encendida. La instalación de tiendas de campaña de Donna tiene divisiones y colchonetas para dormir, según imágenes difundidas por el gobierno.
Seis niños fallecieron después de que agentes fronterizos los detuvieran durante el gobierno de Trump. Uno murió de influenza en la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, donde actualmente se recluye a los menores.
El HHS ha dicho a sus contratistas que cancelen las restricciones de cupo decretadas durante la pandemia y agilicen la entrega de los menores pagándoles el boleto de avión, en lugar de cobrárselo a los patrocinadores.
Pero expertos y abogados que trabajan con menores aseguran que el gobierno puede hacer más.
Aunque la mayoría de los menores detenidos por el gobierno son adolescentes, la Patrulla Fronteriza y el HHS mantienen recluidos a niños muy chicos que en algunos casos fueron separados de los adultos que los cuidaban.
The Associated Press entrevistó esta semana a la madre de una niña de 4 años de Guatemala que cruzó la frontera el 5 de marzo con su tía. Las autoridades fronterizas expulsaron a la tía y determinaron que la niña estaba sin un adulto acompañante, colocándola en la instalación de tiendas de campaña de Donna.
Los padres de la niña viven en Maryland. Su madre dijo que se enteró del paradero de su hija hasta el domingo y pudo conversar con ella el lunes. Según la madre, la niña fue incapaz de hablar durante la llamada telefónica de casi 20 minutos. La AP no identificó a la menor ni a la madre para proteger la privacidad de la niña.
“Ella lloraba como si algo estuviera pasándole, como si estuviera asustada”, dijo la madre esta semana. “Yo comencé a llorar cuando la escuché así. No me parecía bien”.
Los padres solicitaron que la niña les fuera entregada directamente, pero el lunes la menor fue enviada del sur de Texas a custodia temporal en Michigan.
Cuando la niña habló con su madre el martes en la mañana ya no estaba llorando, pero aún no podía pronunciar palabra. “No decía nada”, dijo la madre. “Intenté todo pero nada”.
El Departamento de Seguridad Nacional y el HHS dijeron inicialmente que no podían entregar directamente la niña a su madre. Pero después de que los abogados advirtieran que presentarían una demanda y la AP hiciera algunas indagaciones, el gobierno avisó el miércoles a la madre que le entregaría a la niña rápidamente.
Amy Maldonado, abogada de la familia, dijo que los procesos a menudo complicados del gobierno y los espacios inadecuados para mantener a niños en la frontera anteceden al gobierno de Biden.
“No lo responsabilizo de todo”, afirmó Maldonado. “Pero esta niña podía entregada a su mamá y eso recae en el gobierno actual”.
