SAN DIEGO — Un juez federal detuvo el martes un importante aumento de las tarifas para obtener la ciudadanía estadounidense y otros beneficios migratorios tres días antes de su entrada en vigor y señaló que los dos últimos jefes del Departamento de Seguridad Nacional probablemente fueron nombrados de forma ilegal.
El juez de distrito, Jeffrey White, halló que Kevin McAleenan se vio indebidamente catapultado al cargo de secretario interino cuando Kirstjen Nielsen renunció en abril de 2019.
Según el magistrado federal, McAleenan, como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, era el séptimo en la línea para asumir el puesto interino de acuerdo con las normas de sucesión de ese momento.
El ascenso de Chad Wolf, quien se convirtió en el secretario interino tras la renuncia de McAleenan en noviembre de 2019, tampoco estaba en su línea como vicesecretario de Estrategia, Política y Planificación.
White, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush en Oakland, California, también bloqueó el aumento de tarifas alegando que el gobierno de Donald Trump probablemente no justificó su decisión como exige la legislación federal.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Justicia respondieron de inmediato a peticiones de comentarios el martes en la noche.
Inmigración
Seguridad Nacional ya discrepó en agosto de un hallazgo similar de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, una agencia de investigación del Congreso que determinó que McAleenan, Wolf y Ken Cuccinelli —el segundo funcionario de mayor rango del departamento— fueron nombrados de forma ilegal.
Trump nominó a Wolf para el cargo de secretario el 10 de septiembre, pero el Senado aún no ha confirmado el puesto.
Estaba previsto que las tarifas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración —la agencia responsable de conceder la ciudadanía, las tarjetas de residencia permanente y los permisos temporales de trabajo— se incrementasen una media del 20% el viernes.
Los cambios incluían una nueva tarifa de $50 por pedir asilo. Los solicitantes de asilo también debían abonar $550 si querían un permiso de trabajo y $30 por recopilar sus datos biométricos.
La tarifa por convertirse en ciudadano estadounidense iba a subir a $1,170 desde los $640 actuales, y las exenciones para quienes dicen que no pueden abordar ese gasto iban a eliminarse en su mayoría.
