WASHINGTON - La Corte Suprema acordó este viernes revivir un intento republicano, de reactivar una regla de Trump que negó tarjetas de residencia a inmigrantes que probablemente serían demasiado dependientes de los beneficios del gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció en 2019 que ampliaría la definición de "carga pública", que se aplicaría a las personas cuya solicitud de convertirse en residentes permanentes legales podría ser denegada debido a la preocupación de que dependerían principalmente del gobierno para obtener sus ingresos.
En el pasado, la designación se basaba en gran medida en una evaluación de que un inmigrante dependería de los beneficios en efectivo. Pero el gobierno de Trump amplió la definición para incluir beneficios no monetarios como Medicaid, nutrición suplementaria y asistencia federal para vivienda, según informó nuestra cadena hermana NBC.
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Pese a las objeciones del gobierno de Joe Biden, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió el viernes a sopesar si estados con gobiernos republicanos pueden asumir la defensa de una norma de la era de Donald Trump que niega la residencia permanente a inmigrantes que reciban asistencia pública, como los cupones de alimentos, y también examinará un caso relacionado con el cambio climático.
Lo más pronto que los casos serán analizados será 2022 y, como suele hacer, el máximo tribunal no explicó sus razones para dirimirlos. Sin embargo, ambos son inusuales por el hecho de que el gobierno de Biden ha modificado o ha dicho que modificará las reglas en el centro de cada caso.
Con respecto al caso de inmigración, un tribunal federal de apelaciones de Chicago ratificó una orden de una corte de menor instancia que derogó la norma del gobierno de Trump a nivel nacional. En marzo, el gobierno de Biden anunció un acuerdo con las partes y los estados que estaban impugnando la norma, y también retiró sus objeciones al fallo de la apelación.
El gobierno propuso una nueva norma en agosto.
Según la política del gobierno de Trump, los solicitantes de tarjetas de residencia tenían que demostrar que no serían una carga para el país, o “carga pública”.
La ley federal ya requería que los que aspiraban a obtener la residencia permanente o el estatus legal demostraran que no serían una “carga pública”. Pero la norma del gobierno de Trump incluía un abanico más grande de programas que podían dejarlos descalificados, incluyendo el Medicaid, los vales de vivienda u otras prestaciones públicas.
Este caso de inmigración lo encabeza el estado de Arizona.
En lo que respecta al cambio climático, la Corte Suprema revisará la decisión de un tribunal federal de apelaciones que derogó una medida regulatoria relacionada con el clima adoptada por el gobierno de Trump. El gobierno de Biden ha dicho que está trabajando en una norma de reemplazo.
Desde un punto de vista práctico, la decisión de revisar el fallo en el caso probablemente le dificultará al gobierno de Biden avanzar con una nueva norma para regular las emisiones de carbono de la industria eléctrica que favorecen el calentamiento del planeta.
Virginia Occidental, que encabeza una coalición de 19 estados con gobiernos republicanos en su mayor parte, y compañías que producen carbón le dijeron al máximo tribunal a la hora de pedirle que tomara el caso que el fallo del tribunal de apelaciones le daría a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) una autoridad casi ilimitada para regular las emisiones de una forma que dañaría a la industria del carbón.
“La forma en la que respondemos al cambio climático es un asunto apremiante para nuestra nación, pero algunas de las rutas a seguir conllevan costos graves y desproporcionados para los estados y para otras incontables partes afectadas”, escribieron los estados al exhortar a la Corte Suprema a que examinara el caso. “La continua incertidumbre sobre el alcance de la autoridad de la EPA impondrá costos que nunca podremos recuperar”.
En una declaración publicada en Twitter después de que el tribunal accediera a escuchar el caso, el administrador de la EPA, Michael Regan, dijo que “la contaminación por carbono de las centrales eléctricas perjudica a las familias y a las comunidades, y amenaza a las empresas y a los trabajadores. Los tribunales han confirmado repetidamente la autoridad de la EPA para regular la peligrosa contaminación por carbono de las plantas eléctricas”.
