Un hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández debería ser sentenciado a cadena perpetua por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado” junto con el actual mandatario de ese país, aseguran fiscales federales de Estados Unidos en documentos presentados antes de su audiencia de sentencia, programada para la próxima semana.
Juan Antonio “Tony” Hernández, exlegislador hondureño, fue declarado culpable en octubre de 2019 de participar en un plan para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos que involucraba el uso de ametralladoras.
Su sentencia, que ha sido postergada varias veces, está programada para el martes en Nueva York.
Los documentos que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el martes por la noche describen el historial delictivo de Tony Hernández, así como los momentos en los que coincidió en los delitos con su hermano, quien se desempeñó como el líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.
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“El acusado era un legislador hondureño quien, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel protagónico en un violento plan de tráfico de drogas auspiciado por el Estado”, escribieron los fiscales.
El gobierno de Estados Unidos quiere que Tony Hernández devuelva 138,5 millones de dólares de “dinero de sangre” producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague una multa adicional por 10 millones de dólares.
“A lo largo de un periodo de 15 años, el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse al transportar al menos 185.000 kilogramos de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, escribió la fiscalía. Asegura que Hernández también vendió armas a narcotraficantes, algunas de las cuales provenían del ejército hondureño, y controlaba laboratorios de drogas en Colombia y Honduras.
“Entre 2004 y 2019, el acusado aseguró y distribuyó millones de dólares en sobornos del narcotráfico a Juan Orlando Hernández, al expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa y a otros políticos relacionados con el Partido Nacional de Honduras”, señalaron los fiscales.
Aseguran que entre los sobornos se incluye uno por un millón de dólares procedente del capo mexicano del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, dirigido a Juan Orlando Hernández.
El presidente Hernández ha rechazado en repetidas ocasiones tener algún vínculo con el narcotráfico, al igual que Lobo, cuyo hijo actualmente cumple una sentencia de 24 años en una prisión estadounidense por tráfico de drogas.
No se han presentado cargos contra ninguno de los presidentes.
El juez Kevin Castel, que sentenciará a Tony Hernández, preside en la actualidad el juicio a Geovanny Fuentes Ramírez, un hondureño acusado de narcotráfico y posesión de armas. El nombre del presidente Hernández ha surgido muchas veces en el juicio debido a que los fiscales del distrito sur de Nueva York siguen argumentando que el mandatario financió en parte su carrera política con dinero de la droga.
Un contador hondureño testificó el martes en el juicio y dijo que huyó de Honduras porque sentía que su vida corría peligro tras presuntamente haber presenciado dos reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez en 2013. En ellas Fuentes Ramírez pagó al ahora mandatario sobornos de 15.000 y 10.000 dólares, dijo el contador, que testificó bajo el seudónimo de José Sánchez.
En las reuniones se habló “de protección y el recibo de drogas”, dijo Sánchez.
Sánchez testificó el miércoles que llegó a Estados Unidos con su familia en junio del 2015 y superó el plazo de tiempo que su visado le permitía quedarse en el país. Se reunió con fiscales en Chicago para hablarles de las supuestas reuniones que presenció, pero éstos le dijeron que era su palabra “contra la del presidente”.
Se le pidió que regresara a Honduras para recabar pruebas, pero cuando estaba a punto de hacerlo, dijo, recibió una llamada de una excompañera de trabajo avisándole que Fuentes Ramírez lo estaba buscando para matarlo.
El contador de 45 años había pasado más de una década trabajando para la arrocera Graneros Nacionales, en Honduras. Sánchez dijo que las reuniones con Hernández fueron grabadas por cámaras de seguridad en la empresa, ya que ocurrieron en oficinas de Graneros. Dijo que hizo copias de los videos y le dio una copia a una fiscal que posteriormente fue asesinada. También le dio una copia a un hondureño llamado Cristian Ayala que también fue asesinado, dijo Sánchez.
Ahora Sánchez labora como carpintero e intenta pagar la renta cada mes, dijo. Está solicitando asilo en Estados Unidos.
“No le he pedido nada a Estados Unidos, sólo seguridad”, dijo.
El miércoles por la tarde subió al estrado Sandalio González, agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA. González testificó que Fuentes buscó la dirección de la Casa Presidencial en la aplicación Waze de su teléfono celular al menos dos veces en mayo y junio del 2019, que es cuando las acusaciones de los fiscales contra el presidente Hernández se hicieron públicas por primera vez.
González arrestó a Fuentes en marzo del 2020, y partes de la entrevista que le hizo al hondureño tras su arresto fueron mostradas en la corte el miércoles. En ellas Fuentes admite conocer a varios traficantes de drogas, pero niega haberle entregado dinero a Hernández.
Juan Orlando Hernández dijo en Twitter el miércoles que su gobierno ha logrado una reducción del 95,4% en el paso de droga por Honduras.
“Datos oficiales de USA (sobre droga) permiten la refutación instantánea de narrativa falsa”, escribió.
