SAN DIEGO- Desde la muerte de George Floyd y Breonna Taylor, la conversación nacional sobre las desigualdades en el sistema de justicia penal se ha acelerado y en California, hay un enfrentamiento entre oponentes y partidarios de la Proposición 25, un referéndum para la SB 10 que eliminaría la fianza en efectivo, mientras la reemplaza con una herramienta de algoritmo de evaluación de riesgos.
La SB 10 se convirtió en ley en 2018, pero la industria que otorga prestamos para fianzas la desafió y la puso en la boleta electoral de 2020. El proyecto de ley permite la liberación de la cárcel antes del juicio para algunos, utilizando una herramienta informática que recopila el historial socioeconómico y criminológico entre otras cosas, que determina el riesgo de una persona de no comparecer en el juicio.
Hay docenas de partidarios de cada lado.
Sam Lewis, director ejecutivo de la Coalición contra la reincidencia, ha tenido un camino difícil. La organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles aboga por la reforma de la justicia penal y apoya a los que anteriormente estaban encarcelados, en su transición de regreso a la comunidad.
“Cuando cumplí los 18, había abandonado la preparatoria, me habían disparado dos veces, me habían apuñalado y me habían condenado a cadena perpetua por un asesinato relacionado con pandillas”, dijo Lewis.
Pasó 24 años tras las rejas. Hoy en día es un hombre reformado que lidera la Coalición Anti-Reincidencia o ARC, un grupo de defensa que apoya la reforma de la justicia penal y los anteriormente encarcelados. El grupo también es parte de la coalición Sí a la Prop. 25.
"Salí de prisión a la edad de 42 años con una licenciatura y el deseo de cambiar mi comunidad y cómo funciona el sistema", dijo Lewis.
California
Los partidarios de la Proposición 25 creen que la fianza en efectivo explota a los pobres y los desesperados y afecta desproporcionadamente a las personas de color.
"Si tuviéramos que poner fin a la fianza en efectivo, este será uno de los mayores cambios en el racismo sistémico", dijo Lewis. "Existe un vínculo directo a cómo las personas de color en nuestras comunidades son arrestadas y retenidas y retenidas, no podemos ser liberados".
Lewis señaló un estudio reciente de Harvard que encontró que las personas negras y latinas están sobrerrepresentadas en el sistema de justicia penal de Massachusetts y que reciben sentencias más largas que sus contrapartes blancas cuando son condenadas.
El ex abogado defensor John Bauters, ahora representa a Californians for Safety and Justice, una organización estatal de reforma de la justicia penal sin fines de lucro.
Bauters explicó a nuestra cadena hermana NBC7 que la ley SB 10 original tenía pautas y barandas incorporadas que requerirían controles y equilibrios y un consejo que revisa el proceso.
SB 36, es otro proyecto de ley adjunto que requiere que la herramienta sea validada por la comunidad a la que sirve y monitoreada con informes de progreso consistentes, entre otras cosas.
“Hay una pieza de transparencia que no existe en ningún otro lugar. El condado en realidad tiene que abrir la herramienta, mostrar qué factores está usando, mostrar cómo está ponderando esos factores ”, dijo Bauters.
Lewis reconoce las preocupaciones de los críticos sobre el algoritmo. Tanto a él como a Bauters les preocupa que si los votantes rechazan este referéndum, la reforma del encarcelamiento previo al juicio se quedará en el camino, lo que indica a los legisladores que la gente prefiere que se mantenga la fianza en efectivo.
“No es una ley perfecta, entendemos que una herramienta de evaluación puede estar sesgada. Ya aprobamos leyes para asegurarnos de que podamos evaluar las leyes de evaluación y poder cambiarlas ”, dijo Lewis.
Si bien algunos lugares en CA, como el condado de Santa Clara, ya han eliminado la fianza en efectivo, no todos están de acuerdo en que el algoritmo de evaluación de riesgos sugerido por la Proposición 25 sea el paso correcto.
Robin Steinberg dirige The Bail Project, una organización sin fines de lucro que utiliza donativos para pagar la fianza en todo el país.
“La mayoría de las personas detenidas en nuestras 3,000 cárceles locales en este país aún no han sido condenadas por un delito. Están ahí porque no pueden pagar su fianza en efectivo ".
Steinberg está en contra del sistema de fianza en efectivo, porque cree que crea un sistema de justicia de dos niveles: uno para los ricos y otro para los pobres.
"Un juez establecerá una fianza en efectivo y si usted no puede pagar esa fianza en efectivo, debe permanecer en la cárcel hasta que llegue a su juicio", dijo Lewis.
"Si puede pagar la fianza en efectivo, puede regresar a su trabajo, a su casa y a su familia y puede luchar por su caso todo el tiempo que sea necesario".
Pero Steinberg todavía no cree que el algoritmo de evaluación de la Proposición 25 sea la solución.
"Herramientas que pretenden predecir lo que alguien podría hacer en el futuro", dijo Steinberg. "Ellos codifican las disparidades raciales en el sistema legal penal".
Steinberg le dijo a NBC7 que uno de los mayores problemas es que la fianza en efectivo se convierte en una palanca coercitiva que hace que la gente se declare culpable para ponerse a salvo.
Mike Gatto, exambleísta de California, es un abogado que representa al grupo No a la Prop 25.
“Simplemente no veo cómo pueden redactar un algoritmo que tendría más problemas que el sistema actual. Prefiero tener humanos involucrados en el proceso ”, dijo Gatto.
Él cree que, aunque el sistema de fianza no es perfecto, está funcionando.
“¿Por qué quitaríamos algo que tiene un elemento muy humano, si alguien puede pagar la fianza, si alguien es una buena persona? Son cosas que se han hecho durante miles de años en el sistema de justicia penal ”, dijo Gatto.
En resumen, según la Oficina Legislativa de California:
Un voto SÍ a esta medida significaría: Nadie pagaría una fianza para salir de la cárcel antes del juicio. En cambio, las personas serían liberadas automáticamente o en función de su riesgo evaluado de cometer otro delito o no comparecer ante el tribunal si son liberadas. A nadie se le cobrarían honorarios como condición para la liberación.
Un voto NO a esta medida significa: Algunas personas seguirían pagando la fianza para ser liberadas antes del juicio. Otras personas podrían seguir en libertad sin pagar fianza. Es posible que se sigan cobrando tarifas como condición para la liberación.
