La administración Trump también está considerando confiscar las propiedades de los inmigrantes que no paguen las multas.
HOUSTON - El gobierno de Trump planifica multar a migrantes que no se retiren del país tras recibir una orden de deportación.
Según divulgó la Casa Blanca, el gobierno impondría multas de $998 diarios y también considera la confiscación de propiedades a quienes no paguen dichas multas ante Inmigración.
Estas sanciones se basan en una ley de hace 30 años y se buscaría aplicarla de forma retroactiva por hasta cinco años, lo que podría generar deudas superiores al millón de dólares.
Abogados de inmigración cuestionan la base legal para establecer la multa de $998 diarios, ya que el texto original de la ley menciona una penalidad de hasta $500.
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Sobre la confiscación de bienes, el abogado de inmigración John Hayes explicó: “Podrían incluso obtener los activos, como una casa o un terreno”.
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Hayes agregó que el gobierno puede vender la propiedad confiscada para saldar la deuda pendiente con Inmigración.
“Si sobra algo, podrían entregárselo al dueño de la propiedad. Estas acciones no son ilegales. Se contemplan dentro de la penalidad civil para satisfacer las deudas con el Estado”, destacó el abogado.
Por su parte, el agente de bienes raíces José Joya señaló que existen leyes que, hasta cierto punto, protegen al propietario, sin importar su estatus migratorio.
“Hemos visto cómo las cortes lo están peleando, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tiene el gobierno federal poder para quitarle a alguien su propiedad?”, expresó Joya.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre las multas en una publicación en redes sociales el 31 de marzo, el abogado Hayes considera que cada caso debe analizarse de forma individual.
“Aquellos que tienen una orden de deportación todavía podrían apelar dicha orden, y tendrían un tiempo adicional para tomar decisiones importantes sobre qué hacer con sus propiedades”, señaló Hayes en entrevista con Telemundo Houston.
Los expertos advierten que, si los afectados intentan evitar el pago de las multas transfiriendo propiedades a familiares o vendiéndolas, esas transacciones podrían ser anuladas si el gobierno considera que se trata de un intento de evasión.
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